Despido de agentes de tránsito en Cali: la comisión accidental del Concejo que busca salvar 300 empleos

Fotografía: equipo de redacción - RCD STEREO

Santiago de Cali, 16 de julio de 2026. El Concejo de Cali aprobó por unanimidad la creación de una comisión accidental con el objetivo de frenar el despido masivo de aproximadamente 300 agentes de tránsito que no superaron las pruebas de conocimiento ordenadas por un fallo judicial. La decisión del cabildo, adoptada durante la sesión plenaria del miércoles, busca abrir una mesa de diálogo con la Alcaldía Distrital para encontrar una salida jurídica y administrativa que impida la desvinculación de los servidores públicos, programada para materializarse en las próximas semanas tras un proceso de selección que declaró desierta la provisión de los cargos.

El origen de la crisis se remonta a una acción popular interpuesta en 2016, mediante la cual un ciudadano demandó al Municipio por las constantes irregularidades en los procedimientos de los agentes de tránsito. Tras un largo litigio, la justicia falló a favor del demandante, exigiendo a la Secretaría de Movilidad Distrital evaluar las competencias de todos sus agentes bajo criterios técnicos estandarizados. Los resultados de dicha evaluación, conocidos en junio de 2026, determinaron que un número cercano a los 300 uniformados no alcanzó el puntaje mínimo requerido para continuar en el cargo, activando la fase de desvinculación ordenada por el tribunal.

Ante la inminente pérdida de empleos y el temor a un colapso en la operatividad del control vial en la ciudad, la bancada del Concejo, liderada por la cabildante Tania Fernández, impulsó la creación de la comisión accidental. "No podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores que llevan años sirviendo a Cali. Buscamos una salida concertada que proteja el empleo digno y garantice la movilidad", declaró Fernández durante el debate. La comisión quedó integrada por concejales de diversas corrientes políticas, quienes tendrán la tarea de servir como intermediarios ante el alcalde Alejandro Eder y el Secretario de Movilidad.

El debate en el recinto evidenció una fractura entre el control político y la rama ejecutiva. Mientras los concejales apelan a la estabilidad laboral y al conocimiento empírico de los agentes, la Administración Distrital insiste en que no puede desacatar una orden judicial so pena de incurrir en desacato. Fuentes de la Secretaría de Movilidad explicaron que el concurso público de méritos abierto para reemplazar a los agentes reprobados se declaró desierto porque los aspirantes no alcanzaron los puntajes mínimos, lo que complica aún más el reemplazo del personal saliente.

La Alcaldía de Cali, en cabeza del mandatario Alejandro Eder, ha mantenido una postura de estricto cumplimiento legal. Si bien no se opone al diálogo propuesto por el Concejo, fuentes del Centro Administrativo Municipal (CAM) señalaron a El Tiempo que "la sentencia judicial es de obligatorio cumplimiento y la administración no puede patrocinar la permanencia de personal que, según un peritaje técnico, no cumple con las competencias para ejercer la autoridad de tránsito". La administración teme que cualquier maniobra para retener a los agentes reprobados derive en sanciones disciplinarias contra el Alcalde y el Secretario de Movilidad.

La situación en las calles añade presión al pulso político. Los agentes de tránsito, en señal de protesta, han intensificado una operación de "regulación estricta" que ha ralentizado la movilidad en puntos críticos como la Avenida Ciudad de Cali y el centro histórico. Las manifestaciones pacíficas de los uniformados, que portan carteles con mensajes como "No somos desechables" y "10 años de servicio, ¿para esto?", han encontrado eco en una parte de la ciudadanía, que observa con preocupación cómo quedará la regulación vial en una ciudad con un déficit histórico de agentes de tránsito.

Analistas en derecho administrativo consultados por este medio advierten que el margen de maniobra del Concejo es limitado frente a una decisión judicial en firme. La comisión accidental no tiene poder vinculante para revocar el fallo, aunque sí podría facilitar un acuerdo que minimice el impacto social de los despidos, como la reubicación laboral de los agentes en otras dependencias del Distrito, siempre que estas no requieran las competencias específicas en las que fallaron. No obstante, esta alternativa choca con la realidad fiscal de la Alcaldía y la rigidez de la carrera administrativa.

En la sesión del Concejo, los cabildantes reprocharon a la Administración no haber previsto un plan de contingencia para capacitar a los agentes antes de la evaluación definitiva, a pesar de que el proceso judicial llevaba años en curso. "Aquí falló la planeación. Se sabía que venía la prueba y no se preparó al personal, y ahora el remedio es despedirlos sin tener quién los reemplace", cuestionó un cabildante de oposición durante el debate de control político.

El escenario plantea una tormenta perfecta para la movilidad caleña. Con una planta de agentes ya reducida, la salida de 300 efectivos sin un reemplazo inmediato —debido al concurso desierto— amenaza con dejar desprotegidos los corredores viales en un momento en que la ciudad registra un aumento en los índices de siniestralidad. La comisión accidental del Concejo tiene ahora la palabra, pero el reloj jurídico avanza, y los despidos, salvo una decisión judicial de última instancia, parecen inevitables. El pulso entre la protección del empleo y el imperio de la ley acaba de empezar en la capital del Valle del Cauca.